Los Centros de Rehabilitación como pretexto para detenciones forzosas de disidentes

El gobierno del Estado ha lanzado una “iniciativa de rehabilitación” para aquellos que supuestamente se rindan de las filas maoístas, pero hay reportes que indican que este esquema no es el “éxito humanitario” que dice ser. En cambio, algunos de los detenidos han sido detenidos forzosamente bajo el pretexto “rehabilitación”, sin perspectiva real de volver a sus hogares. La represión actual estatal de los maoístas y de los campesinos pobres de Chhattisgarh está levantando preocupación por las tácticas policiales y la represión brutal estatal desplegada por la policía contra el pueblo, especialmente contra los campesinos adivasis en el centro de India.

La policía de Chhattisgarh y los oficiales del Estado han comenzado una iniciativa conocida como “Poona Margham”, o “nuevo camino”, esta iniciativa de “rehabilitación” se diseña supuestamente para ofrecer a los maoístas que se han rendido un entrenamiento vocacional y les prometen una vida más segura. Sin embargo, la realidad de muchos detenidos, como Prasanna, un hombre de unos cincuenta años del distrito de Bijapur, muestra una imagen diferente.

Prasanna, quien fue detenido por la policía por liderar una protesta pacífica contra la militarización en su pueblo, fue llevado al que supuestamente era un centro de rehabilitación. Él, junto a otros, fue forzado a participar en el programa de “entrenamiento” que como dice es más parecido a una detención ilegal que a un desarrollo de capacidades. Él, junto a otras docenas de detenidos, fue encarcelado sin juicio. Fueron presentados como “maoístas” ante la prensa para poder alegar que la ofensiva del viejo Estado indio está siendo exitosa y refuerza la idea que Amit Shah, de Ministro de Interior del viejo Estado indio, ha prometido varias veces: “El maoísmo será extinguido para el 31 de marzo de 2026”. Sin embargo, éstos no son maoístas rendidos y capturados tras la victoria del viejo Estado indio, sino campesinos secuestrados arbitrariamente de sus hogares.

Según Prasanna, se les dijo a los detenidos que se les permitirá volver a sus hogares tras posar ante el fotógrafo con el Ministro de Interior Amit Shah, donde le dijeron a la prensa que ellos eran “maoístas rendidos”, pero tras la sesión de fotografía fueron de nuevo devueltos a la cautividad.

A pesar de haber sido prometidos con oportunidades de entrenamiento, muchos detenidos informan pasar su tiempo sin hacer nada más que mirar a otros y hacer trabajo menor, sin ningún desarrollo vocacional real. Muchos de ellos son campesinos pobres e incluso han pedido permiso para volver a sus casas para recoger la cosecha, lo que ha sido rechazado inmediatamente.

Los informes de los detenidos revelan que muchos están sujetos al trabajo menor como limpiar, cocinar o quitar la maleza, sin un compromiso significativo en el desarrollo de habilidades, usualmente al servicio de la policía y de las fuerzas de seguridad que viven en las instalaciones. Según los informes, no se hacen esfuerzos reales para ayudar a la transición de los detenidos a un empleo estable.

Cuando se le pregunta si alguno ha intentado escapar alguna vez, Prasanna responde: Ni siquiera uno, (…) la policía tiene todos nuestros detalles. Se nos dice que si alguno intenta escapar, la próxima vez que su familia los vea, será en un sudario”.

Las mujeres detenidas informan de más formas de maltrato, con acusaciones de acoso y explotación sexual por parte de los oficiales hombres. Gayatri, una mujer detenida en uno de los centros, describe como las detenidas fueron regularmente asignadas a las tareas domésticas y sujetas a acoso e insinuaciones sexuales por parte del personal masculino. También describe haber sido testigo una compañera detenida sufriendo un colapso mental por las duras y prolongadas condiciones.

Los activistas de derechos humanos son muy críticos con el sistema del lugar. V. Suresh de la Unión Popular por las Libertades Civiles (PUCL) argumenta que la estancia forzada y prologada en centros de rehabilitación constituyen un encarcelamiento arbitrario. Describe la política como “ética y legalmente inaceptable”, alzando preocupación por la coerción y el trampeo de libertades civiles.

La situación es particularmente grave para los campesinos locales que se encuentran envueltos en las operaciones estatales antinaxalitas. Chhattisgarh tiene una historia de criminalización de la resistencia pacífica, con muchos adivasis clasificados como maoístas simplemente por oponerse contra las políticas estatales o alzarse contra la presencia militar en sus pueblos. La dirección Estatal para militarizar la región ha alienado todavía más estas comunidades, ya que las fuerzas de seguridad frecuentemente se despliegan para construir campamentos y carreteras bajo el pretexto de desarrollo, normalmente ligado con los intereses mineros de los imperialistas y de las grandes corporaciones locales.

La historia de Prasanna resuena en muchos campesinos: son el objetivo no por ser insurgentes sino por resistirse a los proyectos liderados por el Estado que ven como dañinos para sus tierras y modos de vida. La protesta que él ayudó a dirigir contra la construcción de un campamento de seguridad acabó con él y otros campesinos siendo detenidos, sujetos al abuso físico, y eventualmente enviados a un centro de rehabilitación bajo el falso pretexto de ser colaboradores maoístas. Lejos de supuesto objetivo de “rehabilitación”, las tácticas del estados buscan silenciar cualquier oposición, ya sea a través de la violencia militar o la institucionalización de detenciones forzosas bajo el pretexto de la rehabilitación.

Publicado en el Heraldo Rojo

¡La policía de Delhi está secuestrando y torturando activistas!

La Campaña Contra la Represión Estatal (CASR) expresa profunda preocupación y una firme condena por la reciente y continua ola de secuestros ilegales, desapariciones forzadas y torturas bajo custodia de activistas democráticos en Delhi y áreas circundantes. Estas acciones no solo representan un ataque a las libertades civiles y los derechos democráticos, sino que constituyen graves violaciones de las protecciones legales constitucionales, estatutarias e internacionales.

El 9 de julio de 2025, los activistas Gurkirat, Gaurav y Gauraang de Bhagat Singh Chhatra Ekta Manch fueron detenidos sin orden de arresto ni notificación previa, en violación total de los artículos 35 y 36 del BNSS. Fueron retenidos en la comisaría de New Friends Colony sin informar a sus familiares ni permitir acceso a representación legal.

El 11 de julio, Ehtmam-ul Haque y Baadal fueron igualmente secuestrados en Delhi, mientras que Samrat Singh, psicólogo y trabajador social, fue detenido en su residencia en Yamunanagar, Haryana, sin conocimiento de las autoridades locales y fuera del mandato jurisdiccional de la Policía de Delhi.

Ninguna de estas detenciones siguió los procedimientos legales exigidos por el artículo 22 de la Constitución de la India, que garantiza el derecho a ser informado de los motivos del arresto y a consultar y ser asistido por un abogado de su elección. Tampoco se cumplieron los requisitos establecidos en la sentencia del Tribunal Supremo en el caso D.K. Basu contra el Estado de Bengala Occidental (1997): no se redactaron memorandos de arresto, no se informó a las familias y se negó el acceso de los detenidos a representación legal.

Mientras se encontraban bajo custodia, los activistas fueron sometidos a torturas que violan directamente el derecho a la vida y a la dignidad según el artículo 21 de la Constitución. Fueron desnudados, golpeados, electrocutados y sometidos a un trato degradante, incluyendo sumergir sus cabezas en inodoros. La policía también emitió horrendas amenazas de violencia sexual, especialmente contra activistas mujeres, a quienes se les dijo que serían violadas con varas—una táctica de intimidación que constituye tortura sexual tanto bajo la ley india como en convenios internacionales.

Estos actos constituyen delitos penales bajo el Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) de 2023 [Nota del traductor: código penal de India] incluyendo retención y confinamiento ilegal (Artículos 124 y 125), secuestro y rapto (Artículos 137 y 138), causar daño y daño grave de forma voluntaria (Artículos 112–115), e intimidación criminal (Artículo 138(2)), así como violaciones de la Ley de Protección de los Derechos Humanos de 1993 y la Ley de Prevención de Atrocidades contra SC/ST [Nota del traductor: contra Castas Registradas, y Tribus Registradas, comunidades indígenas estas últimas reconocidas legalmente], cuando corresponda. El Tribunal Supremo de India ha sostenido reiteradamente que la tortura bajo custodia no solo es ilegal, sino un ataque directo al estado de derecho.

Estas detenciones y actos de tortura no son incidentes aislados. Forman parte de un patrón nacional más amplio de represión estatal bajo el Plan Surajkund, destinado a silenciar y criminalizar todas las formas de disidencia democrática. El país está atravesando una emergencia no declarada, marcada por la vigilancia, rendiciones forzadas y la normalización de la violencia bajo custodia, en la que estudiantes, activistas por los derechos civiles y activistas populares están siendo tratados como enemigos del Estado.

Hasta ahora, Ehtmam-ul Haque y Samrat Singh continúan detenidos ilegalmente en la comisaría de New Friends Colony, sin ser presentados ante un magistrado, como exige el artículo 22(2) de la Constitución y el artículo 187 del BNSS, 2023, que estipulan que ninguna persona puede ser detenida sin supervisión judicial por más de 24 horas.

Exigimos:

1. La liberación inmediata e incondicional de Ehtmam-ul Haque y Samrat Singh de su detención ilegal.

2. Una investigación judicial sobre los secuestros, desapariciones forzadas, torturas bajo custodia y amenazas de violencia sexual sufridas por los activistas detenidos.

3. El registro de causas penales y el enjuiciamiento de los agentes de policía y funcionarios responsables de estos actos ilícitos.

4. El fin de la criminalización selectiva de los activistas estudiantiles, organizaciones populares y voces de la sociedad civil mediante detenciones arbitrarias, vigilancia, tortura y causas falsas.

El uso de secuestros, tortura y amenazas sexuales como instrumentos de gobierno representa un colapso total del estado de derecho y una deriva hacia el autoritarismo fascista. CASR hace un llamado a todos los sectores de la sociedad—organizaciones por las libertades civiles, sindicatos, movimientos estudiantiles, abogados, periodistas, artistas y ciudadanos de a pie—a alzar la voz y mantenerse unidos frente a este ataque contra las libertades democráticas.

CAMPAÑA CONTRA LA REPRESIÓN ESTATAL (CASR – INDIA)

Equipo organizador

(AIRSO, AISA, AISF, APCR, ASA, BASF, BSM, Bhim Army, bsCEM, CEM, COLLECTIVE, CRPP, CSM, CTF, DISSC, DSU, DTF, Forum Against Repression Telangana, Fraternity, IAPL, Innocence Network, Karnataka Janashakti, LAA, Mazdoor Adhikar Sangathan, Mazdoor Patrika, NAPM, Nazariya Magazine , Nishant Natya Manch, Nowruz, NTUI, People’s Watch, Rihai Manch, Samajwadi Janparishad, Smajwadi lok manch, Bahujan Samjavadi Mnach, SFI, United Peace Alliance, WSS, Y4S)

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Traducido por el medio internacional El Heraldo Rojo